El próximo 6 de noviembre se conmemora el 168 aniversario de la Constitución de la República, y el momento es propicio para compartir con nuestros lectores una serie de ponderaciones sobre la naturaleza y esencia de la Ley Sustantiva del Estado Dominicano.
Entre el 6 de noviembre de 1844 y el 6 de noviembre del 2012, es significativo y trascendente el avance del constitucionalismo dominicano.
Debido a que el tema es tan abarcador, en esta ocasión nos limitaremos a un análisis comparativo de las Constituciones de 1966 y 2012 en lo relativo al tema de los derechos fundamentales.
La reforma integral de la Constitución llevada a cabo el 26 de enero del 2010, con la participación activa de todos los sectores de la vida nacional, le dio una nueva naturaleza y fundamento al Estado dominicano.
El fundamento de la Constitución de 1966 que estuvo vigente hasta el 2010, era consolidar al Estado como un instrumento garantista del orden público.
El espíritu del constituyente de 1966 fue crear un Estado garantista del orden público y de la estabilidad que sirviera de sustento para la instauración de la democracia, y que al mismo tiempo sentara las bases para el desarrollo económico y social. Mientras que el espíritu del constituyente del 2010, fue hacer del Estado un instrumento garantista de los derechos fundamentales.
El constituyente del 2010 dedicó 38 artículos de la Carta Magna a los derechos fundamentales -Desde el artículo 37 hasta el artículo 75-, mientras que en la Constitución de 1966 estos tenían escasas menciones.
La Constitución de 1966 fue aprobada en un momento en que el país acababa de salir de una guerra civil, de una intervención extranjera, así como de unas elecciones de escasa legitimidad y con resultados condicionados.
En 1966 no estaban dadas las condiciones políticas, ni sociales, ni tampoco existía la cultura democrática para llevar a cabo un proceso reformador de la Carta Magna donde participaran activamente los diversos sectores de la vida nacional.
La Constitución de 1966 fue la obra de unos cuantos ilustres juristas y que fue convertida en norma fundamental por el Poder Legislativo, al margen de la participación -y de los deseos- de la inmensa mayoría de la población.
La Constitución del 2010, la cual rige a la Nación, es el producto de un proceso distinto, ya que el proceso reformador llevó varios años, y todos los sectores de la vida nacional que se interesaron en el tema participaron activamente en los debates y formularon sus propuestas.
También debemos ponderar el hecho de que la República Dominicana del 2010 es muy distinta a la República Dominicana de 1966. Entre 1966 y el 2010 transcurrieron 44 años de cierto orden y de cierta estabilidad política, ya que se realizaron 16 elecciones consecutivas, cuyas autoridades resultantes de los procesos de elección cumplieron los períodos para los cuales fueron electas.
En el momento histórico en que se discutió la reforma integral que trajo consigo la Constitución del 2010, ya el Estado dominicano se había consolidado como un garante del orden público, y el constituyente, de forma visionaria, aprobó una Constitución para el presente, pero que, a la vez, consiste en un compromiso de futuro; ya que los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, en su inmensa mayoría, constituyen una meta por lograr.
Hoy podemos decir con orgullo que la República Dominicana tiene una de las constituciones más modernas y actualizadas de América Latina, esto así porque, además de consagrar la misión garantista de los derechos fundamentales, el texto está actualizado y guarda consonancia con los fundamentos del Derecho Internacional Público, así como con la esencia de los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, el hecho de que las mayorías de los derechos fundamentales y constitucionales consagrados en la Carta Magna, constituyan una meta, ya que todavía, para una parte de la población, no son del todo derechos posibles ni alcanzables, obliga al liderazgo de la Nación al trabajo en conjunto en procura de alcanzar estos objetivos.
Hacer que los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna dentro de un plazo no lejano sean derechos alcanzados y disfrutados por todos los dominicanos y las dominicanas, es el principal reto y desafío que tiene por delante el liderazgo de la Nación.
La Constitución define claramente la ruta que debemos transitar, y la sociedad en su conjunto debe unirse y trabajar de manera conjunta en el propósito de hacer realidad ese nuevo proyecto de Nación.
Estamos en el deber de trabajar unidos para que la Constitución de la República no se quede en tinta y papel, y no sea letra muerta como sucedió en el pasado.
Estamos en el deber de trabajar unidos para que nuestra Carta Magna sea un cuerpo vivo, para que sus letras sean la norma que rija no solo el desempeño del Estado, sino también, la vida de sus ciudadanos.
Estamos en el deber de trabajar unidos para llevar el país a un nivel de desarrollo que permita que el glosario de los derechos fundamentales y constitucionales estén al alcance y al disfrute de todas las personas, pero que también, ninguna persona ignore y evada sus deberes cívicos para con el Estado, para con la democracia y para con la sociedad.
Ese deber es el que rige el comportamiento de los integrantes del gobierno que fuimos elegidos el 20 de mayo del 2012 para llevar a cabo la sagrada misión de dirigir por buen camino los destinos nacionales.
¡Manos a la obra, a trabajar!
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Moderados, no dañar las buenas costumbres de las familias,pero con toda la libertad.